Ante las crecientes cifras de muertes y lesiones asociadas a cirugías estéticas en el país, fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca reglamentar la práctica de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en Colombia.

Esto a través de la definición de qué tipo de profesionales de la salud puede practicar intervenciones quirúrgicas orientadas a modificar la apariencia del cuerpo, limitándolo exclusivamente a médicos especialistas con competencias quirúrgicas.

Adicionalmente el proyecto establece lineamientos relacionados con los registros, insumos y medicamentos aplicados a los pacientes con el fin de proteger su salud, además de exigir condiciones de seguridad y salubridad en los sitios habilitados para ejercer estos procedimientos, y precisar qué tipo de información debe incluir la publicidad de este tipo de servicios.

Un aspecto novedoso del proyecto es que crea el Registro Único Nacional de Centros Prestadores de Servicios de Salud Estética, con el fin de que los usuarios puedan consultar la habilitación del centro prestador de servicios; además ordena al Ministerio de Salud y Protección Social realizar, actualizar y emitir guías de práctica clínica en procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que brinden el máximo de seguridad a los pacientes.

La iniciativa, que deberá aprobarse en cuatro debates para convertirse en ley de la República, es autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y como coautores están la representante liberal Karyme Cotes; los congresistas de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, Cathy Juvinao y Carolina Giraldo; las representantes del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y Alexandra Vásquez; las representantes por el Estatuto de la Oposición, Érika Sánchez y Marelen Castillo, y Víctor Salcedo, del Partido de la U.

Calle destacó que “hoy es un hecho muy importante en un país donde se realizan un gran número de cirugías estéticas, es un hecho decirle que basta ya, que la cirugía debe ser segura en nuestro país, que el gobierno debe garantizar un seguimiento a las cifras de las personas que han sido víctimas, debe acompañar a sus familias y sobre todo debe garantizar que cada procedimiento estético y quirúrgico que se realice en nuestro país tenga las garantías y las competencias”.